Viernes, 01 Diciembre 2017 20:46
Por Dra. Florinda Rojas
Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INM RD)
Las migraciones aportan complejidad al escenario mundial contemporáneo y la República Dominicana no es una excepción. Aquí se manifiestan las cuatro categorías más distintivas de los movimientos migratorios: inmigración, emigración, tránsito y retorno. Nuestra ubicación geográfica, historia y condiciones socioeconómicas así lo determinan. Pero, además, la migración en República Dominicana seguirá teniendo un papel destacado en nuestra evolución social, económica, cultural y política.
El desafío que significa el alcance transterritorial de la nación dominicana demanda políticas migratorias con capacidades y horizontes integrales en más de un sentido: internacional, nacional, intersectorial, intergubernamental y entre poderes. De esta forma, se tendrán en cuenta los derechos de las personas migrantes, la inclusión activa de los organismos de la sociedad civil y las consecuencias multidimensionales en el desarrollo y se atenderán las políticas para potenciar sus beneficios y corregir sus distorsiones.
Igualmente se deben observar los impactos territoriales, que abarcan todos los espacios del país, los flujos y poblaciones que componen el conjunto de nuestra dinámica migratoria, así como la perspectiva histórica y la visión a largo plazo. En otras palabras, nos referimos a todos los elementos de importancia que dan forma a la modernización del Estado en materia migratoria.
Una política migratoria de Estado tiene como objetivo fundamental beneficiar al migrante mediante el ejercicio efectivo de su identidad y el disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales. En definitiva, tiende a buscar y hacer efectivo su bienestar con vistas a consolidar su papel como agente para el desarrollo, donde quiera que se encuentre.
El enfoque de la política migratoria dominicana intenta estar centrado de manera efectiva en el bienestar de las personas. Este se asume como obligación del Estado, plasmado a través su Constitución, de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de su legislación y de su proyección de largo alcance para la atención del proceso. Además, garantiza la evaluación permanente de los elementos que determinan los impactos de la política pública en la vida de los migrantes.
Estamos trabajando por una política migratoria que asuma la gobernanza de las migraciones, encaminada hacia un esquema de tipo integral basado en un diálogo permanente donde participen interlocutores que representen a los diversos actores involucrados (públicos, privados, organizados, no organizados, individuales o colectivos), no solo con el propósito de fortalecer la atención al proceso migratorio en un ambiente de responsabilidad nacional e internacional, sino también con el fin de garantizar el debido respeto a los derechos fundamentales de las personas que se ven en la situación de emigrar.
En el caso de República Dominicana y Haití, la atención al proceso migratorio con una perspectiva humana, eficaz, ordenada y moderna es un desafío que requiere ser atendido con un enfoque de corresponsabilidad con la participación de la República de Haití. El elemento de corresponsabilidad desempeña un papel clave, o más bien fundamental, debido a que más del 85% de los inmigrantes que llegan a República Dominicana proceden del vecino país. Esto explica la necesidad de que en un marco de coordinación bilateral se aborden todos aquellos aspectos de interés común, incluyendo el tema migratorio. Al respecto, es bien sabido que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) desde hace algún tiempo ha venido concertando mesas de trabajo con este fin. Incluso, el reciente informe de los 4 diagnósticos efectuados por el Observatorio Interuniversitario Binacional de Migración, Educación, Medio Ambiente y Comercio (OBMEC) ha profundizado con sus recomendaciones en la necesidad de fortalecer la cooperación para alinear las estrategias de desarrollo existentes. En la parte que corresponde al componente temático migratorio se advierte la necesidad de dicha coordinación y es de esperar que, en efecto, se convierta en un diálogo permanente e impostergable que nos acerque cada vez más a la formulación de mecanismos propiciadores de soluciones concretas a las necesidades de la mano de obra regular en el caso dominicano y a los debidos controles de la inmigración; como en el lado haitiano es de esperar que se garanticen los controles emigratorios conforme a los rigores de una legislación y una práctica de controles rigurosa para evitar la desprotección de sus ciudadanos en el exterior y la discordancia en el manejo de la gestión migratoria bilateral.
Se espera lograr, por primera vez, la adopción de una postura de cooperación interinstitucional y compartida, que incluye la participación de la sociedad civil, el sector privado, la academia, los expertos y los tres poderes del Estado dominicano. A la vez, el Estado debe asegurar que la política migratoria se gestione con una eficacia tal que contribuya a garantizar la movilidad de las personas y enfatice el respeto a los derechos humanos.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) que entró en vigor en junio de 2014, la puesta en funcionamiento del Consejo Nacional de Migración y la creación del Instituto Nacional de Migración (INM RD) son ejemplos de los avances hacia una política migratoria coherente y eficaz.
La movilidad humana nacional e internacional forma parte de los derechos humanos fundamentales. En este contexto, se reconoce la obligación gubernamental de procurar que las migraciones sucedan en forma ordenada, documentada y segura. República Dominicana aspira al reconocimiento pleno de los derechos de sus nacionales radicados en el exterior y que de igual seguridad disfruten los extranjeros en suelo dominicano.