Jueves, 29 Junio 2017 14:25
Artículo colaboración Departamento de Investigación y Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración – INM RD
A raíz de la creciente importancia del tema migratorio a nivel internacional y la discusión política que produjo la Sentencia 0168/13 del Tribunal Constitucional, todos los sectores asumieron su posición respecto al tema de la inmigración irregular provocando que el Estado dominicano se viera en la obligación de dotar al país de disposiciones legales para enfrentar a la amplia población de extranjeros en situación migratoria irregular que permanecía en todo el territorio nacional, asumiendo el principio de que «la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y soberano del Estado dominicano». Este fue un paso trascendental que se fortaleció con una política migratoria nacional enfocada en elementos concretos y sin prejuicios.
De aquí surge el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), régimen especial para dotar de documentos de identidad y permisos de permanencia a los extranjeros que se encontraban residiendo en el país de forma irregular antes de la promulgación del Reglamento No. 631-11 del 19 de octubre de 2011, siendo reglamentado mediante el Decreto 327-13, a partir de lo establecido en el artículo 151 de la Ley General de Migración No.285-04 y ordenado por la Sentencia 0168/13 del Tribunal Constitucional.
El PNRE tuvo una vigencia de 18 meses durante los cuales se acogieron 288,466 extranjeros de 116 nacionalidades, representando los nacionales haitianos el 97.8%, mientras que el resto de las nacionalidades representa aproximadamente el 0.3%. De los inscritos en el PNRE, 102,940 extranjeros aplicaron con la entrega de actas de nacimiento de su país de origen, 69,997 se inscribieron con cédulas, 95,164 con pasaportes y 20,345 sin ningún tipo de documento.
Según el artículo 6, inciso 4 del Decreto 327-13, el Ministerio de Interior y Policía, como órgano encargado de la aplicación del Plan, tiene la función de evaluar a cada solicitante y aprobar o rechazar la solicitud de regularización migratoria a partir de la recomendación de la Dirección General de Migración (artículo 6, inciso 5). Bajo este marco legal, el MIP les asignó a más de 249,000 personas beneficiarias del PNRE, las categorías migratorias de “Residentes” y “No Residentes”, dotándolos de documentos (sellos, stickers en pasaportes y carnets), cuyo vencimiento inician a partir del mes de julio de 2017.
A partir del análisis del Decreto 327-13 para la implementación del PNRE, se pueden conocer los fundamentos, el proceso de diseño, planeación y los resultados que se esperaban del mismo. En tal sentido, el motivo principal del plan era permitir que los extranjeros que se encontraban residiendo en el territorio dominicano de manera irregular obtuvieran un estatus migratorio legal bajo una de las categorías definidas en la Ley General de Migración, cuyo principal objetivo, fue contribuir al mejoramiento de las condiciones de la vida social y laboral de los extranjeros, fortalecer la seguridad pública nacional y, por consiguiente, disminuir el número de personas extranjeras que han vivido por un tiempo ininterrumpido en el país y no contaban con una estancia regular en el mismo, para que continuaran haciendo efectivo el uso y goce de sus derechos, cumpliendo con sus obligaciones, además de contar con la protección del Estado Dominicano.
La implementación de políticas públicas satisfactorias para todos los sectores del país, como lo fue el PNRE, es un reto. Sin embargo, es importante conocer los logros y los aspectos que quedaron sin concluir para identificar las oportunidades de mejoría en el futuro. En ese tenor, es imprescindible identificar cuáles elementos y factores contingentes incidieron para que se produjera los procesos y de esta forma, corregirlos en aplicaciones posteriores.
Algunas personas definen el PNRE como una pérdida de tiempo y recurso que pudieron utilizarse en otras necesidades de la sociedad; sin embargo, el Estado Dominicano asumió una posición firme ante un proceso migratorio que había sido dejado de lado por los anteriores gobiernos a partir de la existencia de múltiples retos en el ámbito migratorio que fueron tradicionalmente obviados y postergados.
Es importante resalta que el logro más importante del PNRE es que beneficia tanto a la población extranjera como a la sociedad dominicana en general, porque los beneficiarios son extranjeros que ya estaban residiendo en el país disfrutando de ciertos beneficios en una situación irregular y para la sociedad simplemente no existían. Con la regularización estas personas pasan a ser visibles, aumentan su pago de impuestos, y consecuentemente tendrán acceso a servicios sociales como la educación y la salud de forma digna, contribuyendo al Estado. Adicionalmente, son más de 288 mil personas de los cuales las autoridades no sabían sus nombres, ni tenían un documento para identificarlos, luego del PNRE quedaron registrados; asimismo, sus datos biométricos y esto contribuye con el reconocimiento de su personalidad jurídica y sus derechos frente al Estado y a la seguridad nacional.
El desafío actual de la migración en la República Dominicana es lograr políticas integradoras y canalizadoras de los beneficios que los movimientos migratorios generan. Tenemos migraciones y continuaremos teniéndolas, nuestra elección debe ir encaminada a desarrollar políticas que orienten las migraciones en avenidas seguras, ordenadas, humanas y productivas que beneficien a los individuos y la sociedad en general.
La valoración obtenida sobre los aspectos positivos que logró el PNRE es una forma de establecer cuáles cosas se pudieron cumplir y cuales podrían mejorarse en el futuro. En ese sentido, surge una recomendación de carácter general referida a la amplia voluntad que prima en todos los sectores de mejorar los aspectos que han quedado con cierto rezago en el plan; uno de ellos es cómo resolver la asignación, cambio o renovación de una categoría y subcategorías migratorias del estatus concedido a los beneficiarios del PNRE, o qué tipo de acción o acciones se van a tomar para a los fines de evitar que el estatus migratorio de estas personas se torne irregular nuevamente; un desafío que debe enfrentarse con acciones a beneficio de toda la población, porque toda acción que se realiza en la vida social siempre tiene resultados que atañen a los actores y a las instituciones que las implementan.