Jueves, 29 Junio 2017 14:42
Estudio del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios del INM RD
Para conocer más: (809) 412.0666
Desde la década de los años sesenta, se originó una emigración a gran escala de ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana hacia los Estados Unidos de América. Esta emigración fue debida a una serie de causas estructurales, entre éstas factores de atracción como la política de relativa apertura de fronteras de los Estados Unidos con la República Dominicana en términos de visado luego de la segunda intervención norteamericana, y la consecuente revolución de abril de 1965; y factores de expulsión como la caída de la Dictadura de Trujillo, la cual propició un ambiente de apertura migratoria, en contraste con las restricciones a emigrar impuestas por la dictadura.
El puerto de entrada tradicional era la ciudad de Nueva York, en donde se fue conformado una notable comunidad dominicana sin equivalentes en otras latitudes, lo que ha permitido un flujo y asentamiento continuo de dominicanos en el territorio estadounidense en los últimos cincuenta años. La población dominicana en los Estados Unidos, que para 1960 se situaba en 12,000 personas, creció progresivamente hasta alcanzar 350,000 en 1990 y 879,000 en el 2010.
A medida que este flujo migratorio se intensificaba, no solo desde República Dominicana sino también de otros países de la región, que enfrentaban problemas similares, se empiezan a endurecer las leyes migratorias de los Estados Unidos. Una de las reformas más emblemática es la “Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes” (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act – IIRIRA, por su nombre en inglés) de 1996, que culmina un proceso de transformación legislativa que sentó el marco jurídico para las deportaciones desde los Estados Unidos de miles de ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana con condenas penales, debido a la ampliación de los delitos que daban paso a la deportación y una aplicación retroactiva de la ley.
Esta reforma legal dio paso a una serie de cambios administrativos al sistema de control migratorio de los Estados Unidos en las últimas dos décadas, y facultaron al Departamento de Seguridad Nacional a adoptar una nueva orientación política sobre cuáles categorías de inmigrantes no autorizados y otros extranjeros potencialmente removibles eran prioridad para deportar. Esta nueva política de detención y prioridades de deportación de inmigrantes, que se mantiene hasta hoy, priorizan la detención y remoción de individuos que hayan cometido ofensas criminales y delitos, dejando como segunda prioridad la remoción de inmigrantes indocumentados.
A raíz de la implementación de esta política de deportación, y debido a la gran población dominicana residente en los Estados Unidos, naturalmente se ha producido un aumento progresivo y preocupante en la cantidad de deportaciones de dominicanos y dominicanas desde los Estados Unidos.
En general, el total de dominicanos y dominicanas deportados desde lo Estados Unidos desde el endurecimiento de las políticas migratorias en 1993 hasta el 2016 se estima en 66,669 personas.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos las deportaciones de dominicanos y dominicanas por casos criminales pasaron de un 61.6% en el 2009 a un 81.1% en el año 2015, representando un aumento del 19.5% en los últimos cinco años. Por su parte, las deportaciones no criminales aumentaron en un 4% en el 2016. En efecto, las deportaciones de dominicanos desde los Estados Unidos continuarán en aumento debido a las actuales leyes de migración estadounidense, el endurecimiento de la política y mecanismos de control de la inmigración a los Estados Unidos, así como con el aumento de las causas de deportación y la nueva política criminal estadounidense de expulsar a los extranjeros con condena criminal así como aquellos que han infringido la ley migratoria.
Pero ¿qué ha pasado con estas personas desde su retorno?, ¿cómo ha sido el proceso de reintegración a la sociedad dominicana?, ¿cuáles barreras y oportunidades enfrentan? Y, ¿qué hace o puede hacer el Estado dominicano para prevenir o atenuar los factores de vulnerabilidad y garantizar la inclusión social de esta población que retorna?
De acuerdo a varios estudios realizados en la región sobre el tema, se observan que las personas deportadas al regresar a su país de origen, enfrentan barreras que les colocan en una situación de especial vulnerabilidad y marginalización. Esta discriminación se debe a profundos estigmas sociales causados, principalmente, por la asociación inmediata de estas personas a actividades criminales cometidas en el pasado, en otro país y bajo circunstancias completamente diferentes. La República Dominicana como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, no está exenta de estos factores; por el contrario, algunos estudios señalan problemas similares que enfrentan las personas deportadas desde los Estados Unidos al retornar a sus comunidades o incluso a comunidades que, por el tiempo transcurrido, le son ajenas.
Es por esto que el Instituto Nacional de Migración – INM RD, como órgano técnico-científico del sistema nacional de migración, encargado de generar conocimiento sobre las migraciones desde y hacia la República Dominicana para la formulación de políticas públicas, ha determinado la necesidad de estudiar el proceso de deportación desde los Estados Unidos que permita identificar estrategias efectivas para la reintegración de la población dominicana deportada desde los Estados Unidos. En específico, la Ley General de Migración otorga el mandato al Instituto para realizar los estudios técnicos que sirvan como punto de partida para la ejecución de programas de retorno para migrantes.
Dentro de las conclusiones de dicho estudio, se refleja que las deportaciones de dominicanos desde los Estados Unidos continuarán en aumento debido a las actuales leyes de migración estadounidense; asimismo, es de gran importancia la recopilación de información y datos estadísticos para el diseño de iniciativas y programas que permitan una efectiva reinserción de la población deportada y de esta forma, concebir un modelo integral de política pública sobre el retorno y la reintegración de personas deportadas para asegurar intervenciones efectivas sobre el mismo.
El informe Personas retornadas en condición de vulnerabilidad: dominicanos y dominicanas deportados desde los estados unidos (2012-2016) será publicado por el INM RD próximamente.