Por Valeria Castillo
Cada año somos testigos de noticias que muestran diversos desastres naturales y cómo estos afectan diferentes zonas del planeta. Huracanes, terremotos, inundaciones, erupciones y otros fenómenos dañan enormemente al ser humano y otras especies animales y vegetales. Además de tener que lamentar pérdidas de vidas y perjudicar la economía, también provocan la migración de poblaciones que deben desplazarse constantemente debido al calentamiento global.
La conmemoración por el Día Internacional del Medio Ambiente, celebrada el pasado 5 de junio, permite traer a colación esta temática no solo por una cuestión de alcance, sino porque es la gran deuda pendiente que tienen los líderes internacionales con millones de personas en todo el mundo y es precisamente un tema de debate este año. Cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) muestran que en 2016 hubo 65 millones de desplazados en el planeta, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. De ellos, 24 millones se desplazaron por desastres climáticos. Es decir, “los peligros relacionados con el clima provocaron la mayoría de todos los nuevos desplazamientos”, incluso superiores a los causados por conflictos violentos (datos del Internal Displacement Monitoring Centre o Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos). En este escenario, República Dominicana también se ve afectada al reportar 50 mil personas desplazadas ese mismo año por distintas causas climáticas, entre ellas, huracanes. Datos que se deben considerar por ser la octava nación con mayor vulnerabilidad al fenómeno del cambio climático, según el Índice de Riesgo Climático Global 2015.
Quizás muchos se preguntan cuál es la relación entre migración y medio ambiente. Y es que ambos fenómenos están estrechamente ligados, especialmente en las últimas décadas, pues el planeta ha presentado uno de los mayores deterioros a causa del consumo desmedido del ser humano. Las personas que viven en zonas rurales son las más afectadas, ya que deben migrar, en la mayoría de los casos, dentro del mismo país, debido a las malas condiciones de su entorno: daño en los suelos, contaminación, desechos industriales, falta de recursos, calentamiento global y, por supuesto, desastres naturales. Así, nos encontramos con lugares donde antes se podía llevar una vida normal y hoy hay sequías, crisis alimentaria, escasez de agua, extinción de animales y vegetales, lluvias, crecimiento del nivel del mar e inundaciones, entre otros tantos problemas. Siria es el caso actual más emblemático, ya que antes de la guerra de 2011 alrededor de 1,5 millones de personas que vivían en zonas rurales se desplazaron hacia Alepo y Damasco motivados por una sequía que hizo imposible el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La situación dejó en total 800 mil granjas abandonadas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también reconoce el estrecho vínculo entre ambos fenómenos. Dina Ionesco, responsable de la División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático de la entidad, dijo que “Si hoy invertimos en la protección de nuestro medio ambiente, podremos reducir los riesgos de desplazamiento para las generaciones futuras que podrían originarse por el cambio climático y la degradación del medio ambiente”.
Se habla de deuda pendiente porque, en primer lugar, no hay consenso internacional que determine si estos millones de personas son migrantes, refugiados o desplazados ambientales o climáticos. Estos conceptos buscan referirse a lo mismo: un sinnúmero de afectados que deben desplazarse forzosamente por efectos del cambio climático y el calentamiento global. Ante la falta de definición formal o jurídica no pueden defenderse en términos de legislación internacional, pues esta solo protege a quienes se refugian por situación de guerra o persecución. En este sentido, la definición está obsoleta, pues se remonta a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que deja fuera de un marco legal a los migrantes ambientales. A esto se suma que, en algunos casos como el de República Dominicana, existe un bajo número de investigaciones que revelan esta realidad y hay poca discusión pública que ponga en agenda un tema que crece y se repite cada año.
Sin embargo, siempre hay esperanza. Existen Gobiernos que, obviando la falta de resguardo jurídico internacional, intentan adelantarse al gran desastre que se avecina. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene en proyecto proponer una visa humanitaria especial para los habitantes de las islas del Pacífico que deben migrar por el aumento del nivel del mar. Aunque no hay fechas concretas ni tampoco certeza de ser aprobado, es un gran avance que busca convertir en emergencia regional. Al mismo tiempo, algunos países han ofrecido visas humanitarias por desastres naturales como ocurrió con Estados Unidos tras el terremoto de Haití de 2010, una protección temporal que hace unos meses Donald Trump extendió solo hasta julio de 2019.
Este año se discute el Pacto Mundial sobre la Migración, el primer acuerdo global de este tipo. Si bien “no será un tratado formal y tampoco impondrá obligaciones vinculantes para los Estados”, tal como señaló Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, “es una oportunidad sin precedentes y también deberíamos tomar medidas mediante la asistencia para el desarrollo, las iniciativas de mitigación del cambio climático y la prevención de conflictos para evitar esos grandes movimientos de población no regulados en el futuro. La migración no debería significar sufrimiento”.
De momento, el reloj corre al igual que el daño que hacemos al medio ambiente todos los días. No hablamos solo a escala global, también debemos considerar los pequeños “aportes” individuales en la materia como botar un papel en la calle, arrojar una botella al mar, dejar correr el agua, no apagar las luces, usar excesivamente las bolsas y otros tipos de plástico, entre muchas otras acciones negativas que afectan el entorno. Estos actos están matando a los animales, la flora y también a los seres humanos. Se estima, incluso, que en 2050 existan 200 millones de personas desplazadas por desastres naturales. De ahí la importancia de hacer conciencia individual y colectiva, exigir cambios a los Gobiernos y doblarle la mano al futuro que a la fecha vislumbra un desastre para quienes están más expuestos a los embates del calentamiento global.