Sábado, 15 Abril 2017 15:18
Por Florinda Rojas Rodríguez (*)
El concepto de seguridad nacional como se le conoce hoy día tiene su origen en los Estados Unidos de América; surge en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno norteamericano entendió que su política internacional crearía conflictos de carácter bélicos, que traerían impactantes consecuencias como las ocurridas en las dos guerras mundiales. Por tales razones, los propulsores entendieron que era necesario diseñar un modelo de protección para el país, que sirviera para prevenir eventuales y sorpresivas retaliaciones contra su territorio y sus ciudadanos. De esta manera desarrollaron para su protección interna una ley de seguridad nacional, que define su finalidad, creando bajo esta ley el Departamento de Defensa. Esta es la misma legislación que con ligeras modificaciones permanece vigente en la actualidad.
Con el paso del tiempo, en la esfera de la comunidad internacional, este concepto de seguridad nacional se fue popularizando, al punto de que muchos de los países que mantenían en sus legislaciones el concepto de “Defensa Nacional”, porque se enmarcaba en la tradicional visión de Estado-Nación, se fueron asociando a la denominación norteamericana. Sin embargo, son los gobiernos en última instancia, quienes definen el concepto de seguridad nacional, poniendo mayor o menor énfasis en su eficacia, desde el punto de vista de la prevención o desde el punto de vista de la protección en su más largo alcance.
Tras los efectos de la globalización, algunos expertos han considerado, que esa visión de protección al Estado frente al peligro de guerras entre los países vecinos ha ido desapareciendo, porque los peligros pueden venir de cualquier lado y con efectos diferentes, de tal suerte que la prioridad consiste en la protección dirigida a las personas; ejemplo de esto es el peligro de una guerra nuclear que puede afectar no a un país único y sus ciudadanos sino a todo el mundo, otro ejemplo lo constituye el tráfico internacional de drogas y de armas, que afecta a muchos países de manera simultánea.
El mayor o menor énfasis en el enfoque de la seguridad nacional como en la defensa nacional, prevalecen dependiendo del gobernante de turno y de su orientación política-doctrinaria, es decir, se trate de un gobernante con visión internacionalista o alguien proclive al nacionalismo de la antigüedad.
De lo anterior podemos comprender la fuerza que a nivel mundial, está tomando el vínculo entre las migraciones y la seguridad nacional, pues a medida que aumentan las corrientes migratorias sin control hacia el occidente, sumado a una serie de acontecimientos de carácter bélico y de terrorismo tanto organizado como aislado: más rechazo se está produciendo en contra de los inmigrantes, considerándolo por parte de algunos analistas “un problema de seguridad nacional”. Sin embargo, otra corriente de expertos han señalado que una migración ordenada, regulada y controlada no es un problema de seguridad, es por el contrario una importante contribución a las carencias de una sociedad que necesita mano de obra joven para aumentar su productividad, que participa en el desarrollo de su economía y que contribuye a que las condiciones de vida de los envejecientes sea más digna, ya que el pago de los impuestos de los inmigrantes, benefician los programas sociales del país de acogida, además de que contribuyen con el enriquecimiento del intercambio cultural que se produce. La necesidad de los migrantes de abandonar sus hogares y países de origen deviene como consecuencia de los factores que han generado la pobreza extrema, las guerras, persecuciones, discriminación, exclusión, violencia generalizada y la impotencia frente a sistemas judiciales incapaces, entre muchos otros males.
Si nos preguntáramos entonces ¿cuál es el rol de las fuerzas militares en los puntos fronterizos, especialmente en las fronteras terrestres? Visto desde las corrientes más modernas, diría que estas ocupan una posición fundamental en la labor de auxiliares de la gestión y el control migratorio. Pero además, sus funciones se extienden para asegurar la salvaguarda de los ciudadanos y ciudadanas que circulan en la zona fronteriza, especialmente para los que realizan operaciones comerciales y laboran en ese perímetro. Suelen ser los vigilantes encargados de evitar los delitos transnacionales tales como el tráfico y la trata personas, de armas, de drogas y en el ámbito de la seguridad nacional deben también proteger en coordinación con otras instituciones gubernamentales, las riquezas naturales, al asegurarse de que no se destruyan las fuentes de aguas potables y el medioambiente en general. Pero también deben velar por la protección de las víctimas de abusos, especialmente las que ocurren contra las personas más vulnerables,
Una reflexión se impone como párrafo final: Los controles fronterizos son importantes y necesarios, siempre que se traten a las personas con dignidad y respeto a sus derechos fundamentales. 247 millones de personas hoy día circulan a nivel mundial, (entre los cuales hay más de 65 millones de desplazados y refugiados), y para manejar esta enorme masa humana, es necesario establecer políticas de interés y protección nacional, modernizando la gestión migratoria en el marco de la cooperación internacional y de los derechos fundamentales y fomentar una política migratoria flexible y ordenada, apuntando hacia una concertación entre los Estados, para que tanto los países receptores de inmigrantes, como los países expulsores encuentren una fórmula de contención y solución conjunta; estas medidas estarían destinadas a reducir en mucho las causas que generan real y efectivamente la migración. Será entonces cuando reconoceremos que este mundo nos pertenece a todos y todas, pero además trascenderá en la mejor garantía para la seguridad de los Estados, en la que las fuerzas armadas tienen una enorme responsabilidad que cumplir en el plano estratégico y en su capacidad de asesores de los tres poderes del Estado.
(*) FLORINDA ROJAS RODRÍGUEZ
Actualmente es Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración. Es abogada con estudios en Derechos Humanos, Género y Migración. Realizó su carrera internacional en el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) fue Representante Adjunta en Zambia, Representante en Grecia y Representante Regional en el Sur de América del Sur.