La salud sexual y reproductiva es un complejo ámbito que se encuentra en proceso de ampliación de derechos a nivel global para incluir una mirada más integral que desborde aspectos biológicos y asuma otros culturales, sociales y de contexto internacional, como en el caso de las migraciones. En este campo la garantía de derechos impacta directamente en la vida de las mujeres, y significa no solo la ausencia de enfermedades, sino también su bienestar físico y mental que les permita el desarrollo pleno, a partir del cual puedan contribuir a la comunidad en la que participan.
En República Dominicana la agenda de desarrollo está cruzada por los avances que se puedan generar en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y en igualdad de género de toda la población. Aparecen en forma directa en al menos dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y atraviesan otros que requieren la participación y la atención de las mujeres, como, por ejemplo, la meta de superar la pobreza.[1]
De manera prioritaria el Estado se encuentra trabajando en áreas tales como la mortalidad materna, la salud y el embarazo de adolescentes, la planificación familiar y la salud materna. Este enfoque asume como retos una educación sexual integral, el acceso a información de calidad sobre derechos, así como una respuesta en coordinación con el marco normativo nacional e internacional. La visión de desarrollo que tiene el Estado dominicano está plasmada en su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12).
La dinámica de la población no es ajena a los fenómenos de los procesos migratorios que se registran a nivel global, y aunque en República Dominicana predomina la corriente emigrante, es un lugar de destino importante en la región.
Debido a sus propias características migratorias las poblaciones migrantes y, en específico las mujeres,[2] podrían encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad con limitantes al ejercicio de sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Las mujeres migran en contextos complejos de desigualdad, no solo como acompañantes o vinculadas al traslado o la reunificación familiar, aunque aún su rol sigue muy afín a la división sexual tradicional del trabajo y la reproducción. Hoy la necesidad económica y otras circunstancias adversas las mueve a emprender el camino de la migración.
En el caso de las mujeres de origen extranjero en República Dominicana, la ENI 2017[3] muestra que la mayoría se encuentra en edad reproductiva (207,172 personas) en el rango de 15 a 49 años, y solo un 30,6% utiliza algún método de planificación familiar, lo que condiciona directamente la práctica de sus derechos sexuales y reproductivos. La ENI 2017 también recogió información sobre la cantidad de chequeos prenatales, al anotar que un 96.6% realizó controles durante su último embarazo y que el 75.4% de las mujeres recibieron 7 o más chequeos en su último embarazo. Es decir, se controlaron con regularidad.
Estos datos indican que es necesario observar que otros elementos en el contexto migratorio (de orden social, cultural, económico y de género) inciden en el acceso a la salud para identificar factores que pudieran favorecer o limitar la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. De ahí el interés del Instituto Nacional de Migración (INM RD) en iniciar un estudio sobre la temática, con el objetivo de detectar barreras, así como acciones para superarlas y contribuir, desde la mirada de la gestión migratoria, a la concreción del derecho a la salud y el bienestar de estos colectivos, lo que a su vez tendrá un impacto, también, en el desarrollo de la población en general.
Por Rossana Gómez
Analista del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios
[1] El Objetivo 1 es poner fin a la pobreza; el Objetivo 3, la salud y el bienestar de la población, y el Objetivo 5, la igualdad de género.
Ver: http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/sustainable-development-goals.html
[2] En el contexto de las migraciones internacionales, el embarazo, por ejemplo, en sí mismo es considerado como un factor de vulnerabilidad que amerita una atención especial por parte de los Estados, así sea este el de destino de las mujeres migrantes.
[3] Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI 2017). Versión resumida del Informe General. Santo Domingo. República Dominicana.