República Dominicana. – Miércoles, 29 de julio de 2020.- Con el objetivo de intercambiar experiencias y propuestas de políticas públicas para la inclusión de migrantes en la región, con un mayor énfasis en los desafíos relacionados con la actual crisis causada por el COVID-19, el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD) y la World Leadership Alliance-Club de Madrid (WLA-CdM) realizaron la conferencia “Movilidad en tiempos de crisis: la pandemia del COVID-19 como oportunidad para repensar las migraciones en América Latina”.
El evento, efectuado mediante una sesión virtual, contó con la ponencia de destacadas profesionales con amplios conocimientos sobre migración y políticas públicas a nivel regional, tal es el caso de Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica (2010-2014) y vicepresidenta de la World Leadership Alliance-Club de Madrid (WLA-CdM); Florinda Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana y miembro Netpluss de la World Leadership Alliance-Club de Madrid (WLA-CdM); Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Nadia Troncoso Arriaga, directora general del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), México. La moderación estuvo a cargo de Manuel Orozco, director de Migration, Remittances & Development Program, Inter-American Dialogue.
Desde 2016, en colaboración con el INM RD, la WLA-CdM, mayor asamblea de exjefes de Estado y de Gobierno elegidos de forma democrática, a través del proyecto Shared Societies, ha efectuado una serie de misiones y actividades en República Dominicana, Nueva York y Madrid, en un esfuerzo por impulsar el diseño de políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos e inclusión. De esta forma, se ha logrado reforzar la cooperación entre diferentes actores para que determinados mensajes y perspectivas sobre las migraciones tengan un punto de vista global e integral, basado en las experiencias y buenas prácticas.
Entre los esfuerzos realizados en conjunto, se encuentran el “Foro sobre políticas migratorias e inclusión social: una perspectiva comparada”, llevado a cabo en 2017 con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de España de 2004 a 2011. En 2019, se efectuó la Conferencia Magistral “Política Migratoria Integral: una experiencia desde Costa Rica”, liderada por Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica de 2010 a 2014. En ese encuentro se generó un conjunto de recomendaciones con especial énfasis en la necesidad de desarrollar políticas migratorias inclusivas y con perspectiva de derechos humanos, esencial para lograr una gestión de la migración regular y segura. Además, se observó que los discursos y narrativas sobre migración desde los ámbitos público y privado han generado tensiones y desinformación sobre este fenómeno, por lo cual se hace necesario profundizar el debate sobre el discurso hacia la migración desde las instituciones públicas.
En esta ocasión, se discutieron las tendencias de la movilidad humana en algunas zonas de Centroamérica, el Caribe y México, como una oportunidad para reflexionar sobre la gestión migratoria ante la pandemia, y se visualizaron los impactos específicos en distintos grupos de migrantes en la región en aras de asegurar su inclusión social y convivencia con poblaciones receptoras, además de entender la complejidad de la doble crisis ocasionada por el COVID-19 en cuanto a las consecuencias para la salud pública y la supervivencia económica, con el fin de mitigar impactos negativos en grupos vulnerables de migrantes e identificar y compartir mejores prácticas para su inclusión en la región.
En ese sentido, Chinchilla señaló que los Gobiernos y organismos internacionales deben tomar acciones para evitar el retroceso de las regiones respecto a los progresos alcanzados antes de la pandemia. Asimismo, señaló que “No solamente se trata de un problema sanitario, se trata de los impactos en el plano económico y social en una región, que, aunque ciertamente nunca se está preparado para una situación como esta tan devastadora, estábamos quizás en el peor momento posible”.
La población migrante sigue siendo una de las más afectadas por el COVID-19 ante el colapso de los sistemas sanitarios y los impactos socioeconómicos y psicológicos asociados al distanciamiento social. “Por si fuera poco, el aumento del desempleo en los países desarrollados ha redundado en la reducción del flujo de remesas en un acumulado hasta mayo de un 7% respecto al mismo periodo de 2019. Esta tendencia afectará con mayor intensidad a países como Haití, donde las remesas representan alrededor de un 33% del PIB, así como a El Salvador y Honduras, en los cuales suponen cerca del 20% del PIB”, amplió la doctora Rojas en referencia al flujo económico de la región.
En América Latina y el Caribe, aunque algunos Gobiernos han intentado relajar las medidas de contención del virus por consideraciones mercantiles, han tenido que retomarlas ante la evidencia estadística del crecimiento exponencial de las infecciones. Según la exmandataria de Costa Rica, este territorio será el más golpeado del mundo, de manera que los países y organismos internacionales deben trabajar para reducir el impacto. Asimismo, señaló: “además de que el 50% en promedio de la población laboral de nuestra región trabaja en los mercados informales, la situación sin lugar a duda es devastadora y se estima que de no hacer lo que deberíamos hacer […] podríamos involucionar […] décadas en cuanto a los progresos alcanzados”.
De acuerdo con la doctora Troncoso Arriaga, la Ciudad de México ha sido reconocida en muchas instancias como un espacio generador de políticas públicas innovadoras en materia de inclusión y desarrollo social. “A nivel nacional en México tenemos una normatividad muy clara y contundente en la protección de las libertades y los derechos de la población migrante. Esta normatividad a nivel nacional se aterriza a nivel local y a nivel estatal en la Ciudad de México, con la cual avanzamos hacia la protección de los derechos de la población migrante con la ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana […], que sin duda es un tema fundamental para poder generar estos vínculos y accesos a los derechos de las personas migrantes en las oficinas”.
La doctora Muñoz-Pogossian apuntó que “Esta crisis está afectando no solamente los derechos de estas personas, sino también las posibilidades a mediano y largo plazo de una plena inclusión en las sociedades que las están acogiendo”. En ese sentido, la OEA produjo una guía práctica con propuestas ante el COVID-19 para mapear afectaciones particulares de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad en general, entre ellas, las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, además de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos que permitan dar recomendaciones de políticas públicas.
El INM RD, a través de las investigaciones realizadas recientemente, ha identificado que la población inmigrante en República Dominicana contribuye a las actividades económicas de mayor crecimiento en las últimas décadas y tiene los conocimientos para ayudar a responder adecuadamente a la crisis de salud que la COVID-19 ha creado. “De esta manera, se constata que en nuestro país pueden ser [los inmigrantes] un factor importante de apoyo especialmente en las cadenas de valor del turismo receptivo y la atención sanitaria. Si se le brindase apoyo y acceso al mercado laboral, estas personas no serían necesariamente dependientes de la ayuda del Estado dominicano ni tendrían como única opción integrarse al mercado laboral informal, con las vulnerabilidades que ello implica”, concluyó la Dra. Rojas.
Por Jessica Mordechay
Relaciones Públicas y Medios Sociales