Jueves, 29 Junio 2017 15:03
Así lo establece un acuerdo firmado entre la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM RD)
SANTO DOMINGO, 23 de junio de 2017.- El Gobierno impulsará una política de migración y protección social no contributiva para beneficiar a la población migrante que vive en situación de vulnerabilidad, así como a los retornados y sus familias, deportados, víctimas de trata y niños, niñas y adolescentes no acompañados.
Datos del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM RD) revelan que Estados Unidos deportó a 66 mil 669 dominicanos en los últimos 23 años; y afirma que las expatriaciones están en aumento debido al giro de la política migratoria estadounidense, el recrudecimiento de los mecanismos de control de la inmigración irregular y al aumento de las causas de deportación de residentes permanentes de ese país.
La nueva política planteada contempla aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros interinstitucionales, a fin de establecer acciones de cooperación que contribuyan a la creación de un programa piloto de protección, reinserción laboral y asistencia integral de los migrantes, cuyos resultados permitan establecer las bases de una política de Estado a largo plazo en beneficio de esa población.
Así lo establece un acuerdo que firmaron este viernes la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; el ministro de Relaciones Exteriores (MIREX), Miguel Vargas Maldonado; el procurador general de la República (PGR), Jean Alain Rodríguez; y la directora ejecutiva del INM RD, Florinda Rojas, durante la celebración del Primer Foro de Protección a Migrantes Retornados en Situación de Vulnerabilidad.
Puntos acordados
Con el convenio, las organizaciones gubernamentales firmantes se comprometen a colaborar en la generación, análisis de información y el diseño de protocolos para la provisión de servicios, así como poner en marcha mecanismos institucionales adecuados para atender a la dinámica de migrantes retornados en condición de vulnerabilidad.
Debido a que la población migrante deportada más numerosa proviene del país norteamericano, se coordinará un diálogo entre las embajadas correspondientes a fines de conformar un equipo especializado de apoyo a las personas en esa situación, con conocimientos especializados de las instituciones y procesos de los Estados Unidos.
Asimismo, dentro del establecimiento de mecanismos para facilitar los procesos entre las distintas instituciones gubernamentales se plantean servicios coordinados al programa como: el apoyo a la inserción laboral y mediación para el empleo, servicios de educación, atención integral en salud -incluidos servicios de tratamiento psicológico y asistencia psicosocial-, apoyo a la integración comunitaria, asistencia social, jurídica y consular, y acciones de sensibilización.
El convenio forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END – 2030) que tiene como objetivo la igualdad de derechos y oportunidades, la protección de personas en condiciones de vulnerabilidad y su inclusión económica y social, como una herramienta de desarrollo y cohesión.