Viernes, 15 Julio 2016 17:17
La Trata de personas es un delito deleznable contra la persona. Sucede en los márgenes de la visibilidad tanto como a plena luz. Es un fenómeno multicausal y complejo. Se localiza en la intersección de múltiples industrias y sistemas sociales que tienen tanto elementos regulares/legales como irregulares/ilegales. Tales como la industria migratoria, la industria sexual, la industria del turismo, el matrimonio, el trabajo doméstico, entre otros.
Desde el año 2000, con la realización de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, el crimen organizado transnacional y la formulación del Protocolo de Palermo, contamos con una definición marco, internacional y ampliamente consensuada. La misma ha sido base para la legislación nacional dominicana, Ley contra la trata de personas 137-03. Estas herramientas tipifican el delito y nos permiten comprender teóricamente el fenómeno. Bajo la definición legal de Trata de Personas como: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o situaciones de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, para que ejerza cualquier forma de explotación sexual, pornografía, servidumbre por deudas, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud y/o prácticas análogas a ésta, o a la extracción de órganos” (Art. 1, Ley 137-03).
Contar con un marco legal con una visión integral de persecución del delito, prevención y protección de víctimas ha significado un gran paso de avance dado por la sociedad dominicana. El mismo se ha concretizado a través de las acciones de las entidades correspondientes en el sistema judicial que han ido fortaleciendo su rol.
Sin embargo el contexto migratorio de la República Dominicana, el desarrollo histórico de los movimientos desde y hacia el país generan condiciones para que tenga lugar la acción de quienes se lucran de la explotación de la trata. En el país, la incidencia del tráfico ilícito de migrantes y la trata han tenido un gran impacto en la aceleración de la migración internacional. También han sido uno de los factores potenciadores de los flujos migratorios liderados por mujeres y en la diversificación de destinos migratorios. Esto en virtud de la estrecha interrelación entre la migración y el fenómeno del tráfico y la trata de personas, como “negocios” muy lucrativos que sirven a la demanda de movilidad y a la vez crean procesos de oferta y demanda; detectan nichos de recepción para estas formas de inserción y/o explotación en diferentes destinos.
Como país emisor de victimas de trata de personas, República Dominicana confronta una situación de numerosas mujeres dominicanas que son trasladadas a más de 30 destinos en tres continentes; América Latina, Europa y Asia. Como país receptor, existen varios escenarios que afectan a poblaciones de diferentes orígenes, como son los más recientes casos de mujeres tratadas para explotación sexual desde América del Sur y Europa del Este. También la trata de personas a través de la frontera desde Haití de mujeres jóvenes con fines de explotación sexual y de niños, niñas y adolescentes para explotación doméstica, laboral y mendicidad, entre otras.
A los procesos relacionados con la movilidad internacionalidad hay que sumar la trata interna como un fenómeno de muy alta incidencia en el contexto de la industria sexual. Con frecuencia son detectados casos de mujeres jóvenes, muchas veces menores de edad, que han sido trasladas de un lugar a otro del país para su explotación sexual y/o laboral.
Este contexto complejo que inicia con una oferta engañosa, con sueños truncados, con un consentimiento viciado ante la seducción de oportunidades de cambios en la condición de vida y el logro de proyectos vitales, supone retos para la identificación de casos, para el rescate de víctimas para la prevención y erradicación de este fenómeno y el desarrollo de opciones y alternativas de programas y políticas públicas que den respuesta al mismo.
Por Gina Gallardo
Encargada de la Escuela Nacional de Migración del INM RD