Con el fin de generar el debate sobre las políticas de migración laboral en función de la demanda de mano de obra extranjera y los flujos de trabajadores migrantes, se celebró el segundo día del Seminario Internacional: Migración Laboral en América Latina y el Caribe, el cual contó con la participación de expertos en la materia.
La apertura de esta segunda jornada estuvo a cargo de Noortje Denkers, especialista en Migración Laboral y Movilidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien presentó una ponencia sobre el diseño de políticas de migración laboral. Al respecto, Denkers indicó que estas políticas deben basarse en las normas internacionales del trabajo y en los principios de la contratación equitativa. Señaló, además, que en el proceso de construcción de las políticas de migración laboral deben participar, junto con los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Asimismo, apuntó la necesidad de que las políticas de empleo y las de migración estén completamente articuladas.
El encuentro, realizado en el marco de los programas de financiamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), contó con un espacio de diálogo y reflexión sobre políticas laborales, flujos migratorios y gobernabilidad para visualizar las diferentes experiencias y abordar los retos en la generación de políticas públicas que contribuyan a una migración segura, ordenada y regulada.
El panel, moderado por el sociólogo Rafael Durán, inició con la intervención de Sarah-Yen Stemmler, oficial regional de Integración de la Oficina del Enviado Especial del Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela, quien abundó sobre las políticas de integración de migrantes trabajadores venezolanos en la región. Su presentación planteó dos enfoques: el impacto que genera la población migrante en el desarrollo local y los ejemplos de buenas prácticas en los ejes regionales, como los procesos de regularización, el acceso al empleo y/o emprendimiento, la cohesión social, la inclusión financiera y otros. Además, destacó cómo una buena política de integración no solo beneficia a la población migrante, sino también a la de acogida.
Por otro lado, Vasanthi Venkatesh, profesora asociada de Derecho, Tierras y Economías Locales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Windsor, Canadá, hizo un análisis desde el punto de vista histórico del panorama migratorio en Canadá y explicó que actualmente ese país tiene una alta inmigración que se desempeña en el sector agrícola y cuenta con una serie de políticas que facilitan la integración social y laboral. Entre estas se encuentra el Programa de Trabajo Agrícola de Temporada (PTAT) (SAWP, por sus siglas en inglés), con cifras que avalan su ejecución: el 80 % de los trabajadores regresa año tras año; 45,000 trabajadores en 2021 estuvieron concentrados en áreas rurales específicas y constituyen el 20 % de la mano de obra agrícola de Ontario, y de 80 % a 90 % se encuentran en sectores alimentarios como invernadero y horticultura.
Michela Macchiavello, especialista regional principal sobre Movilidad Laboral e Inclusión Social de la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), habló desde la experiencia del Programa de Reclutamiento Ético. Macchiavello expresó que “los países de la región son una fuente importante de fuerza de trabajo para sus propias economías y las extrarregionales”. Añadió que los trabajadores migrantes son más vulnerables por las barreras del idioma y/o culturales, dejan atrás a sus familiares y redes de apoyo, suelen ser discriminados y reciben aislamiento social. Asimismo, desconocen sus derechos y mecanismos de protección. Por tal motivo, invitó a la constante actualización y reforzamiento de los reglamentos de reclutamiento de personas migrantes.
El segundo día del seminario finalizó con la presentación del estudio Restricciones laborales a la integración económica migratoria en América Latina y el Caribe a cargo de José Ignacio Hernández, consultor independiente en temas de regulación económica, migración, desarrollo y políticas públicas. Este estudio aborda el enfoque de derecho y regulación migratoria en América Latina y el Caribe desde la perspectiva de la integración económica. Con base en estas informaciones, analiza las reglas para el ingreso al mercado laboral (demanda y oferta de trabajadores). Entre las conclusiones del estudio aplicado en Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y República Dominicana, se recomienda simplificar el derecho de cambio de trabajo y el acceso a la residencia y la nacionalidad, así como reforzar convenios regionales y ampliar acuerdos bilaterales.
Por Jessica Mordechay
Encargada de Comunicación