De las medidas migratorias que han sido anunciadas por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, la anulación del Programa de Acción Diferida[1] para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ha sido, sin duda, una de las más controversiales. DACA fue adoptado en 2012 mediante un decreto del presidente Barak Obama, como una medida de protección temporal para jóvenes inmigrantes en situación irregular. Su terminación es controversial porque supondría la salida de los EE. UU. de cerca de 690,000 jóvenes inmigrantes no autorizados que llegaron a ese país siendo menores de edad y crecieron con escaso o ningún conocimiento sobre sus países de origen.
No obstante, este no es el único criterio de elegibilidad para beneficiarse del DACA. Estos jóvenes deben estar vinculados al sistema educativo, no haber sido condenados por delito alguno y no constituir una amenaza para la seguridad nacional o pública. Aunque DACA no proporciona estatus legal permanente a sus beneficiarios, sí constituye un mecanismo de inclusión e integración que les da a estos jóvenes la oportunidad de trabajar, estudiar, pagar impuestos, alimentar la seguridad social, y con ello contribuir a la economía de los EE. UU., y, por qué no, a las de sus países de origen.
Conforme a datos del Servicio de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos, el 79.4% del total de beneficiarios de DACA son mexicanos, mientras que actualmente 2,430 jóvenes dominicanos son favorecidos con este programa (0.4%). Un 45% de los beneficiarios de DACA viven en California y Texas, seguido de Illinois (5%), Nueva York (5 %), Florida (4%) y Arizona (4 %) como principales estados de residencia. Según el Pew Research Center,[2] dos tercios de los beneficiarios de DACA tienen 25 años o menos, y el 83% no estaban casados en el momento de su solicitud más reciente.
El 44% de ellos ha completado la secundaria, pero no ha cursado estudios superiores, y un 20% aún asiste a la secundaria. Un 18% se encuentra inscrito en la universidad, frente al 20% de sus pares estadounidenses. Las beneficiarias de DACA son más propensas (20% vs. 15%) que sus pares masculinos a cursar estudios universitarios, pero esa desigualdad se agudiza y se invierte cuando se habla de acceso al trabajo (48% vs. 64%). El 55% se encuentra empleado, representando una fuerza laboral de 382,000 trabajadores (0.25 % de todos los trabajadores en EE. UU.). Mientras que el 62% de los que no están trabajando se encuentran en la escuela.[3]
Los beneficiarios de DACA son mucho más proclives que otros jóvenes inmigrantes irregulares a trabajar en puestos administrativos, por lo que este Programa constituye un medio de movilidad profesional y, por ende, social. Los sectores de inserción laboral más comunes son la hostelería, el comercio, la construcción, la educación y los servicios sociales. Esto da una idea sobre cuál podría ser la distribución sectorial futura de otros “soñadores”[4] y su peso en la economía estadounidense.
La intención de rescindir DACA ha generado un debate sobre cuál será el curso de la política migratoria estadounidense cuando la disyuntiva esté entre continuar la protección de DACA para los 690,000 beneficiarios actuales o abrir la posibilidad de otorgar la ciudadanía a 2,7 millones de inmigrantes indocumentados a través del DREAM Act. La división entre republicanos y demócratas es tal que la anulación de DACA fue la principal causa del cierre del Gobierno estadounidense en enero de 2018, finalizando solo con la promesa de continuar la protección de unos 800,000 “DREAMers”, como se les llama popularmente.
El estatus de protección de 535,600 jóvenes debía rescindir el pasado 5 de marzo de 2018, pero dos demandas judiciales interpuestas por las cortes de los estados de California y Nueva York han imposibilitado el desmonte del programa, y los beneficiarios actuales podrán renovar sus permisos por dos años más. Además, ha impedido que la rescisión pueda suceder tal cual fue planteada por el presidente Trump, lo que de alguna manera significa una derrota política y que aún están vigentes los mecanismos de protección de derechos en los EE. UU.
Para los jóvenes dominicanos que se benefician de DACA -como para todos los demás- el futuro es incierto. Solo queda apelar a los mecanismos institucionales y normativos disponibles. El peor de los escenarios parece ser la posibilidad de un retorno a la República Dominicana. Pero, ¿por qué? Antes de contestar esa pregunta es preciso comprender el drama humano que supone regresar a un lugar del que solo se tiene referencia a través de un imaginario colectivo más que personal.
El común denominador de las personas que migran en situación irregular en todo el mundo son las distintas vulnerabilidades que enfrentan en sus países de origen, algo que suele agudizarse con la inmigración irregular. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son algunos de los obstáculos fundamentales que aquellos que emigran buscan sortear, con el sueño de encontrar otra realidad en donde tengan la oportunidad de desarrollar su potencial, vivir en paz y prosperidad.
Es importante que los países de origen asuman la corresponsabilidad y generen programas de vinculación con los jóvenes de primera y segunda generación de migrantes, así como programas de acogida, donde se aproveche el capital social y humano que traen los que retornan. Que la posibilidad de regresar pueda constituirse en un “eterno retorno” a lo conocido y a lo que queda por conocer, a sentirse parte de una construcción social que siempre les ha pertenecido.
Por Farah Paredes, analista de Investigaciones, Departamento de Investigación y Estudios Migratorios (DIEM). Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD).
[1] La Ley de Inmigración y Nacionalidad de los EE. UU. concede a los oficiales de inmigración una “discreción para abandonar la expulsión de inmigrantes irregulares ‘por razones humanitarias’”.
[2] López, G. y Krogstad, J.M (2017). “Key facts about unauthorized immigrants enrolled in DACA”. Pew Research Center. Disponible en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/25/key-facts-about-unauthorized-immigrants-enrolled-in-daca/
[3] DATA HUB: Migration Policy Institute (MPI) analysis of U.S. Census Bureau data from the pooled 2010-14 American Community Surveys (ACS) and 2008 Survey of Income and Program Participation (SIPP). Temple University/Pennsylvania State University, Population Research Institute/U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), “Approximate Active DACA Recipients as of January 31, 2018,». Disponible en: https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/DACA_Population_Data_Jan_31_2018.pdf
[4] Es importante clarificar que no todos los “soñadores” son beneficiarios de DACA, debido a que no todos cumplen los requerimientos necesarios.