La migración es un fenómeno natural y definitorio del mundo globalizado. Por lo tanto, el desafío de gobernarla radica en cómo su inevitabilidad, volumen y heterogeneidad impactan en las distintas áreas en las cuales este fenómeno se desarrolla, tales como la movilidad temporal, la inmigración, la emigración, los mercados laborales, la nacionalidad, el desarrollo económico y social, el comercio, la industria, la cohesión social, los servicios sociales, la salud, la educación, la aplicación de la ley, la política exterior y los asuntos humanitarios.
Consciente de estos grandes desafíos, la República Dominicana ha hecho esfuerzos importantes por desarrollar una gobernanza migratoria adaptada a las exigencias, necesidades y particularidades de los nuevos tiempos, como lo demuestra, en primera instancia, la promulgación en 2004 de un nuevo marco jurídico diseñado para regular la inmigración y la emigración (Ley General de Migración 285-04). Se crea por este medio el Consejo Nacional de Migración y su órgano asesor, el Instituto Nacional de Migración (INM RD), este último encargado de servir de apoyo técnico mediante el diseño, promoción y ejecución de estudios e informes sobre las migraciones, además de brindar formación especializada a través de su Escuela Nacional de Migración (ENM).
Sumado a esto, las autoridades dominicanas han mostrado un fuerte compromiso frente a la gobernanza migratoria al incluir estos temas de forma expresa en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que prevé una serie de objetivos claros para la población migrante y su bienestar, lo que ha contribuido a generar instrumentos adecuados de recolección de datos como la primera y segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI 2012 y 2017), el Índice de Gobernanza Migratoria (IGMRD-2017) y el Plan Nacional de Acción de la Comisión Técnica Interinstitucional en Asuntos Migratorios (CTIAM).
Debemos remarcar, entre muchos otros esfuerzos, los avances en materia de protección y reinserción de dominicanos/as deportados/as y retornados/as, donde la Procuraduría General de la República, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración han trabajado de manera conjunta para elaborar el primer programa piloto de este tipo en el país.
Para finalizar, debemos decir que estos esfuerzos en materia de política migratoria también están encaminados a la protección de nuestra diáspora, razón por la cual se creó el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) mediante el Decreto 372-15. El Gobierno dominicano y las instituciones que lo conforman apuntan hoy más que nunca a profundizar de manera sistemática en la generación de una gobernanza migratoria enmarcada en una perspectiva de derechos humanos acorde a las necesidades presentes y futuras de nuestra nación.
Por Jonathan Palatz Cedeño
Encargado de Relaciones Internacionales