La trata de personas tiene un abordaje muy complejo desde los puntos de vista judicial y científico. En primer lugar, existe una fina capa conceptual entre trata y tráfico ilícito. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) define la trata de personas como el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación, en su mayoría, sexual, laboral o en condición de mendicidad. Por otro lado, la UNODC sostiene que la diferencia entre trata y tráfico ilícito radica esencialmente en tres aspectos: el consentimiento de la víctima en cuestión; el tráfico ilícito siempre será transnacional mientras que la trata puede no serlo, y el tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto que la trata implica explotación persistente de las víctimas para generar ganancias ilegales. Estos aspectos obstaculizan en un sentido psicosocial la caracterización adecuada del fenómeno.
En segundo lugar, la detección de personas víctimas de trata es un proceso muy difícil de identificar debido a que en ocasiones este mercado ilícito se confunde con escenarios lícitos, lo que facilita que pase desapercibido para las autoridades competentes y se dificulte su abordaje por parte de investigadores y académicos que se interesan en el tema. La UNODC estima que por cada víctima de trata identificada existen veinte sin identificar. Las estadísticas mundiales muestran que en el periodo 2008-2019 se detectaron 725,896 víctimas de trata, de las cuales 105,787 fueron identificadas en 2019. Esta cantidad representa el 15 % del total de los casos. De igual forma, al observar el periodo completo se puede notar que, según pasan los años, la cantidad de víctimas identificadas es mayor, lo que da lugar al siguiente cuestionamiento: ¿Realmente han aumentado las víctimas de trata a nivel mundial o han mejorado los mecanismos de detección? (ver gráfico 1).
Independientemente de las barreras existentes para la medición y/o caracterización de las personas víctimas de trata, se ha identificado a través de los organismos competentes e investigaciones de carácter académico que la mayor población afectada dentro de ese grupo son mujeres y niños, los cuales están sometidos en su mayoría a explotación sexual o laboral. Según datos de UNODC, el 66 % de las víctimas identificadas en América Latina a partir de 2006 son mujeres, 22 % niños y 12 % hombres. Asimismo, se plantea que los principales países de destino para explotación sexual de las víctimas que provienen de Suramérica son España, Italia, Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Austria y Suiza. Por otro lado, en 2018 la Coalición Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito (CORETT) presentó algunas estadísticas y acciones contra la trata en República Dominicana, México y Centroamérica donde se señala un total de 1,306 casos identificados (49 % de niños, niñas y adolescentes, 45 % de mujeres y 6 % de hombres). En cuanto a la nacionalidad una de cada cuatro personas es extranjera. El 65 % de los casos identificados estaba sometido a explotación sexual, el 17 % a explotación infantil, el 4 % a mendicidad y el 14 % a otro tipo de explotación (esclavitud moderna, adopción irregular, matrimonio forzoso, entre otras).
Puesto que en la actualidad no se cuenta con suficientes datos y/o mecanismos para segmentar y/o caracterizar a las personas víctimas de trata, se hace necesario un sistema continuo de información que permita monitorear y medir de manera constante a dicha población con la finalidad de elaborar políticas públicas focalizadas que ayuden al fortalecimiento de los mecanismos de detención tanto del tráfico ilícito de personas como el de víctimas de trata. Esto a su vez supone robustecer el abordaje del fenómeno desde la perspectiva científica y judicial.
Por Anderson Santana
Analista Cuantitativo de Estadísticas Migratorias
Departamento de Investigación y Estudios Migratorios