El Instituto Nacional de Migración en ocasión a la reciente conmemoración del Día Internacional Contra la Explotación Sexual, comparte la siguiente información para conocimiento de su comunidad.
En 1999 durante la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres de Dhaka, Bangladesh, se instauró el 23 de septiembre como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
La trata de personas se define, según el Protocolo de Palermo en su artículo 03, como: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta incluirá, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Este delito de organización transnacional afecta principalmente a niñas, niños y mujeres, y es conocido como una forma de esclavitud en pleno siglo XXI.
En la República Dominicana existen varios organismos que luchan contra la trata como: la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PECTIMTP), el Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), la Comisión Nacional contra la Trata de Personas (CITIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El CIPROM tiene como objeto desarrollar planes que fortalezcan la acción gubernamental y no gubernamental para la protección a la mujer migrante dominicana, especialmente aquellas que son traficadas a otros países con fines de explotación sexual. Por su parte, el CITIM creado a partir del Decreto 575-07, surge para atender el fenómeno de la trata de personas desde una visión integral, a través de la ejecución de un plan nacional para el control de este flagelo, en concordancia con las obligaciones contraídas por el ordenamiento jurídico dominicano.
De igual manera, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes tiene como misión implementar una política nacional de combate al crimen organizado con jurisdicción en todo el país. Además, procura la sanción de los responsables y salvaguarda los derechos de las víctimas.
Según el Informe 2014-2015 de esta unidad, en este período ocurrieron 86 casos judicializados: 18 de tratas de personas, 20 de explotación sexual comercial, 45 de tráfico ilícito de migrantes, 2 de pornografía infantil y 1 de proxenetismo. De esto, se estima que el 31% de las víctimas de trata de personas fueron usadas para la explotación sexual.
Para apoyar a las víctimas, se creó un fondo para la Asistencia y Protección a las víctimas de Trata, el cual es utilizado para la asistencia integral a la víctima (pago de pasajes, almuerzos, medicamentos, etc.). Dentro de los principales servicios y atenciones ofrecidos se encuentra también: atención médica, atención psicológica, acogida de paso, regularización de estatus migratorio en situación irregular, cobertura de comidas y pasajes para la asistencia a audiencias, cobertura de cursos técnicos y clases de idiomas, asistencia legal.
Todavía persiste el reto de combatir de manera más enérgica estos fenómenos delictuales. La conformación de un equipo de investigadores adscritos al Ministerio Público y especializado en los temas de Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial ha sido clave, ya que no dependen de una denuncia para abrir una investigación y pueden ir en búsqueda de los casos.
Aun así, todavía falta fortalecer el trabajo interinstitucional, ya que la responsabilidad ha recaído en dos o tres organismos que se dedican a este tema, y es esencial hacer un llamado a la sensibilización de otras instituciones y de la sociedad en general. Esto para atender de manera efectiva la situación, llegando a perseguir y castigar a los traficantes e indemnizar a las víctimas, para así erradicar este flagelo contra los derechos humanos.