Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2017 los trabajadores migrantes en el mundo representaban el 64% de la población migrante total, lo cual produce un gran impacto en el ámbito laboral.
En los inicios de la revolución industrial en Estados Unidos, durante el siglo XIX, miles de migrantes se dirigieron a Chicago para ofertar su fuerza de trabajo. Esta ciudad, gracias a su posicionamiento geográfico y dotación de recursos, reorientó su desarrollo económico hacia el comercio internacional, lo que incrementó la oferta y demanda de trabajo, y la convirtió en la segunda ciudad en tamaño poblacional de Estados Unidos en aquel momento. La coyuntura económica y los factores mencionados previamente incidieron en el desarrollo industrial de Chicago. Este gran crecimiento, producido de forma acelerada, trajo consigo consecuencias sociales negativas marcadas por las terribles condiciones laborales, la pobreza, el racismo y la violencia[1]. En este contexto, en la búsqueda por reivindicar la jornada laboral de 8 horas, tuvo lugar en Estados Unidos una serie de protestas, concretamente a partir del 1 de mayo de 1886. El 4 de mayo se produce la revuelta de Haymarket, donde lo que había iniciado como una manifestación pacífica terminó convirtiéndose en una masacre. La confrontación entre policías y obreros sindicalistas produjo que un gran número de personas resultaran heridas o muertas. Posteriormente, esta manifestación dio lugar a la conmemoración en varios países del mundo del Día Internacional del Trabajador.
República Dominicana no escapa del fenómeno de la migración laboral. Un flujo importante de personas se ha movilizado hacia el territorio buscando mejores condiciones de vida. Según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) en 2017, la población de inmigrantes en República Dominicana está conformada por 570,933 personas, equivalente al 5.6% de la población total del país. Estos inmigrantes están muy vinculados a la actividad económica, “[…] lo que se aprecia en su elevada participación en la Población Económicamente Activa (PEA) (68.9%) y su baja inactividad (22.7%)” (ONE/UNFPA 2018).
A pesar de las reivindicaciones mundiales para mejorar las condiciones laborales de los migrantes, la mayoría de los trabajos a los cuales pueden acceder estas personas en el país son puestos permeados por la informalidad, donde predominan, según la enunciación de Valenzuela et al (2018) “[…] labores arriesgadas, desprotegidas, con largas jornadas laborales, con salarios bajos, entre otras características precarizadas”.
A nivel estatal, está en agenda la problemática de organizar la gestión de la migración laboral “a los fines de proteger a los trabajadores migrantes y optimizar los beneficios para el Gobierno, las empresas, las comunidades de acogida, y para los mismos trabajadores migrantes y sus familias” (OIM, La migración laboral, citado en el Diagnóstico para la implementación del Sistema de Gestión de Migración Laboral, INM RD 2017). Esta línea de acción se inscribe en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, “ley sombrilla de la planificación nacional” (MEPyD, 2018), especialmente en el segundo eje estratégico que postula la construcción de “una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades […]”.
Con base en estos lineamientos se fundamenta el origen, desde el Instituto Nacional de Migración (INM RD) con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del proceso de estudio y discusión del tema “Vinculación mercado laboral y migración”, y la elaboración de una propuesta de política pública para la intervención de esta realidad en el país. Recientemente, el 28 de mayo de 2019 se llevó a cabo la primera sesión de la Mesa Técnica de Trabajo sobre Buenas Prácticas para la Gestión de la Migración Laboral, conformada por actores vinculados a la política migratoria y el mercado laboral, que partió del “Estudio marco comparativo de experiencias y casos de buenas prácticas regionales y extrarregionales sobre el vínculo entre necesidades del mercado laboral y política migratoria”. Esta investigación, realizada por Donna Cabrera, consultora de la OIT, responde al interés del Gobierno dominicano sobre la materia y analiza las experiencias y buenas prácticas de seis países en la vinculación de las necesidades del mercado laboral con la política migratoria: Perú, en América del Sur; Canadá, en América del Norte; Suecia, en Europa; Corea del Sur, en Asia; Arabia Saudita, en el Medio Oriente, y Sudáfrica, en África. Así, los casos de buenas prácticas en la migración laboral presentados en la mesa permitieron dar cuenta de la diversidad de respuestas que merece la intervención de un mismo fenómeno. Organizados en grupos de debates, durante la sesión de trabajo, los actores claves de la migración laboral construyeron de forma colectiva propuestas de acción. Estas serán consolidadas y sistematizadas por Cabrera en un documento sobre lineamientos para una propuesta de política pública, el cual se socializará en una sesión posterior de esta mesa técnica de trabajo que tendrá lugar este 21 de mayo.
Rocío Acosta
Analista de investigación
[1] Arias, P. & J. Durand (2008). Mexicanos en Chicago. El diario de campo de Robert Redfield. México, Miguel Ángel Porrúa.