Uno de los principales aportes provino del abogado Samir Santos, especialista en derecho constitucional, políticas públicas, migración y resolución de conflictos, y excoordinador del PNRE, quien detalló que más de 288,000 personas se acogieron al plan, lo que favoreció la integración social, el acceso a servicios básicos y la seguridad jurídica. Sin embargo, lamentó que la ausencia de una legislación adecuada impidiera la continuidad y mejora del proceso.

Pedro Cano, experto en migración internacional, derechos humanos y desarrollo fronterizo, desmontó mitos comunes sobre la implementación del PNRE, como la falta de documentos por parte de la población haitiana. Señaló que hoy solo el 10 % de quienes fueron regularizados conservan su estatus migratorio, lo que evidencia deficiencias estructurales en el marco legal vigente.

La socióloga y politóloga Rosario Espinal aportó una mirada crítica al impacto de las políticas migratorias excluyentes. Argumentó que los flujos irregulares favorecen estructuras de hiperexplotación y llamó a repensar la política migratoria desde una perspectiva de derechos.

En ese sentido, Mario Serrano, sociólogo, filósofo y representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), insistió en reconocer a la población migrante como sujeto de derechos y expuso los beneficios sociales, económicos y culturales de implementar políticas de regularización inclusivas. En su análisis, identificó barreras logísticas, sociales y políticas que obstaculizan su ejecución.

Finalmente, el sociólogo y docente Rafael Antonio Durán, presentó los resultados de una evaluación institucional del PNRE. De los 288,467 solicitantes, 249,000 fueron aceptados, siendo el 97 % de nacionalidad haitiana. El 85 % recibió la categoría de no residente, pero el 91 % no conocía cómo cambiar su estatus migratorio. La falta de información, el exceso de requisitos y los altos costos figuraron entre las principales limitaciones identificadas.

El seminario concluyó con una sesión de preguntas y respuestas sobre el rol de las instituciones públicas, el marco normativo vigente y la necesidad de políticas coherentes con los derechos humanos.

Por Jessica Mordechay

Encargada de Comunicación